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Marco jurídico

Los reglamentos que abarcan el campo de la radiodifusión fueron pioneros en el país, considerándose que la radio comercial solo entró en el continente en la década de los veinte. El primer registro en ese sentido fue en 1929, año en el que se promulgó el primer instrumento regulatorio para el funcionamiento de ese medio -el "Reglamento de Correos, Telégrafos y Radio "-, con escopo esencialmente administrativo.

A pesar de eso, la constitución boliviana, que estaba en vigor hasta 2006, no incluía cualquier régimen específico para el concepto de comunicación y de radiodifusión. La nueva constitución aprobada por la Asamblea Constituinte en noviembre de 2007 y, posteriormente, modificada por acuerdo entre partidos políticos y el Congreso Nacional, incluye dos artículos sobre el sistema de Comunicación Social.

El artículo 106 afirma que el Estado debe garantizar el derecho a la comunicación y el derecho a la información, más allá de la libertad de expresión, opinión e información, al reparo y respuesta, así como el derecho de expresar libremente ideas por cualquier medio, sin censura previa. El artículo también prevé la garantía de esos derechos específicamente para “trabajadores de la prensa”, garantizándose la “cláusula de conciencia de los trabajadores de la información”.

La carta magna aún determina que la media debe contribuir para la promoción de valores éticos, morales y cívicos y valorar las distintas culturas de todo el país, con la producción y difusión de programas educativos multilingües y con lenguaje alternativo para los deficientes, respetándose los principios de la veracidad y responsabilidad. Las reglas de ética y auto-reglamentación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y sus leyes serían responsables de asegurar esa actuación. Por ley, se veta la formación, directa o indirecta, de monopolios u oligopolios y se incentiva la creación de medios de comunicación comunitarios en igualdad de condiciones y oportunidades a los demás.

En 1995, se promulgó la Ley de Telecomunicaciones Nº 1632. Esta no define el termo espectro radioeléctrico, sin embargo, afirma explícitamente, entre las Disposiciones Generales, que es objetivo de la misma ley “regular los servicios públicos y las actividades de telecomunicaciones, que comprenden la transmisión, emisión y recepción, a través de una Red Pública o Privada, de señales, símbolos, textos, imágenes fijas y en movimiento, voz, sonidos, datos o información de cualquier naturaleza, o aplicaciones que facilitan los mismos, por cable o línea física, radioelectricidad, ondas hertzianas, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos de cualquier índole o especie. Están sometidas a la presente ley las personas individuales y colectivas, nacionales y extranjeras que realicen dichas actividades originadas o terminadas en el territorio nacional”.

El reglamento de la misma Ley de Telecomunicaciones (Decreto Supremo nº 24.132 de 27 de septiembre de 1995) se refiere al espectro electromagnético en términos del uso que se debe dar a este, pero sin definirlo explícitamente. Así, se afirma: “El espectro electromagnético será usado eficientemente y en el interés público. Los usos del espectro electromagnético que en general sean de utilidad para el público o que sirvan a sectores importantes para el desarrollo nacional tendrán prioridad sobre otros usos del espectro” y “Se requiere de una licencia para hacer uso del espectro electromagnético, excepto para el uso de los equipos mencionados en el presente Reglamento. Una licencia no confiere derecho de propiedad y está sujeta a modificaciones por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones”.

La Superintendencia de Telecomunicaciones (SIRESE) es un sistema de órganos y es la única entidad con poder de reglamentar las actividades del sector de telecomunicaciones en todo país. Se establecen sus funciones y poderes en el artículo 4º de la Ley nº 1632. La Superintendencia sustituyó el antiguo órgano reglamentario, la Dirección General de Reglamentaciones.

En 2011, el Senado boliviano aprobó una legislación que cambiará todo el sistema de radiodifusión del país. Ella tiene por objeto “establecer el régimen general de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, del servicio postal y el sistema de regulación, en procura del vivir bien garantizando el derecho humano individual y colectivo a la comunicación, con respeto a la pluralidad económica, social,
jurídica, política y cultural de la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígenas originarios, campesinos, y las comunidades interculturales y afro-bolivianas del Estado Plurinacional de Bolivia”.

La nueva legislación reserva a los medios de comunicación privados el 33,3% de las licencias de radio y TV. El 33,3% estarán destinados al Estado y las organizaciones sociales tendrán derecho al restante de las concesiones, así como organizaciones de pueblos indígenas. En su totalidad, la ley posee 117 artículos. Un fragmento polémico trae la posibilidad de que el gobierno requiera datos telefónicos en caso de seguridad de Estado, amenaza externa o conmoción interna. En esos casos, se les obligará a las empresas de telecomunicaciones que cooperen.

El proceso de transición en el modelo de concesiones será gradual, ya que las licencias de la mayor parte de las radios expiran solamente a partir de 2017, cuando, según estimativa de sindicatos de medios privados, 400 podrán cerrar.

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