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Marco jurídico

La Constitución Federal de Perú, de 1993, sigue una tendencia nacional de incluir cuestiones legales relacionadas con la comunicación en sus textos jurídicos, siendo el país pionero en versar sobre el tema en artículos específicos de su Carta Magna. Actualmente, menos de diez otros países abordaron el tema de esta manera en sus Constituciones. En el artículo 2º, se enumeran los derechos fundamentales de persona y entre estos hay varios relacionados, en alto o bajo grado, con los derechos a la información, opinión, expresión y difusión de las comunicaciones. En los artículos 2º y 4º, que tratan directamente de la comunicación, se incluye como parte fundamental el derecho a que se establezcan medios y vehículos de comunicación.

La legislación de radiodifusión en el país se incluyó tradicionalmente en las leyes generales de telecomunicaciones, representada principalmente por la Ley de Telecomunicaciones, del 6 de mayo de 1993, que tuvo su reglamento aprobado en el año siguiente. Solamente a partir de la Ley de Radio y Televisión nº28278, promulgada el 15 de julio de 2004, que se trató el asunto de manera autónoma. El reglamento de la Ley Nº28278 lo aprobó el Decreto Supremo del 11 de enero de 2005.

La Ley de Radio y Televisión determina que el espectro radioeléctrico es propiedad de la nación, y esta es responsable de su administración, supervisión y control a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La definición general de los servicios de radiodifusión se incluye en el artículo 3º, que dice que estos “son servicios privados de interés público, prestados por una persona natural o jurídica, privada o pública, cuyas emisiones se destinan a ser recibidas directamente por el público en general”.

También se incorporaron al artículo 2º una declaración detallada de la finalidad de la radiodifusión y una referencia al cuadro legal y ético según el cual se debe perseguir dichos fines. La Ley define radiodifusión solamente como ondas sonoras y televisión, reservando al Estado un espacio dentro de estos espectros.

La cuestión de la propiedad de las autorizaciones y licencias de radio fue uno de los principales puntos de discusión durante el tiempo de preparación de la normatividad del país. Las leyes anteriores permitían que solamente personas de nacionalidad peruana y personas jurídicas constituidas y domiciliadas en el país, independientemente de actuar con fines de lucro o no, fueran titulares de autorizaciones y licencias. Esta regla se mantuvo en la Ley de 2004, pero, siguiendo el pedido de grupos empresariales, el artículo 24 abrió la posibilidad  de que también los extranjeros, con un porcentaje mínimo (al máximo el 40%) y solamente actuando como miembros de personas jurídicas nacionales, no individualmente, podrían operar una radio o televisión en el país.

Más tarde, esta parte de la ley la cuestionó un proceso de inconstitucionalidad suscitado ante el Tribunal Constitucional por un defensor público, teniendo la firma de 5.044 ciudadanos. Los denunciantes alegaban que no se respetaban varios derechos fundamentales de la Constitución. El Tribunal Constitucional aprobó la petición el 13 de julio de 2007, pasando a ofrecer más restricciones a la cesión de licencias a extranjeros. Los demás requisitos para adquirir las autorizaciones permanecieron conforme descrito en la Ley de Radio y Televisión Peruana.

Actualmente, el gobierno de Perú discute el anteproyecto de ley que regula la prestación de servicio de radiodifusión bajo titularidad del estado. La propuesta  prevé que IRTP se transforme en organismo público descentralizado vinculado a Presidencia del Consejo de Ministros, con autonomía funcional, administrativa, técnica, económica y financiera. La propuesta representa un avance al definir la radiodifusión pública como servicio privado, que debe tener un sistema de atención intitulado como Defensor del usuario e integrado por personas idóneas elegidas por un sistema transparente  y público, además de financiamiento a través de recaudación de tasa tributaria para su manutención.  El anteproyecto lo elaboró un grupo de trabajo coordinado por el Consejo Consultivo  de Radio y Televisión (CONCORTV) en 2008 y contó con la participación de la sociedad civil.

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