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Marco jurídico

La libertad de expresar opiniones e ideas, el derecho a ser informado sobre los asuntos públicos y el derecho de acceso a los medios de comunicación, en todos los sentidos, están totalmente integrados, hace mucho tiempo, a las leyes de Uruguay. Se reconoce expresamente en la Constitución, en las principales convenciones y declaraciones internacionales y en las normas regionales en este país, la plena libertad para ejercer esos derechos, conforme el artículo 29 de la Constitución.

Además, existe una legislación especial acerca de radio y televisión en vigor en el país que se puede representar fundamentalmente por las siguientes normas:

Ley de Radiodifusión 14.670, de 23 de junio de 1977: aprobada durante la dictadura cívico-militar, establece un amplio poder al Ejecutivo para la asignación de frecuencias. Esta ley determina que los servicios de radiodifusión son de interés público y designa que su funcionamiento puede estar a cargo de entidades oficiales y privadas a través de la autorización o licencia.

Decreto 734/78 del 20 de diciembre de 1978: reglamenta la Ley de Radiodifusión. Aunque se trata de una norma administrativa, regula los poderes, la posesión y la remoción de frecuencias.

La Ley de Prensa 16.099 del 3 de noviembre de 1989: modifica parcialmente un reglamento de estructura similar promulgada durante la dictadura militar, la defensa de la libertad de información, del pensamiento y de la creación de medios de comunicación, sino también teniendo en cuenta ciertos delitos, llevadas a cabo por los medios de comunicación.

Ley del Servicio de Radiodifusión Comunitaria, 18.232 del 11 de diciembre de 2006: adoptada a partir de un proyecto presentado por la sociedad civil, establece el servicio de radiodifusión comunitaria como no estatal y de interés público, prestado por asociaciones civiles o grupos de personas organizadas sin fines de lucro, orientado a satisfacer las necesidades de comunicación social y permitir el ejercicio del derecho a la información y la libertad de expresión del pueblo de Uruguay. Implementó una distribución transparente y participativa del espectro, lo que representó un salto cualitativo en la ley de telecomunicaciones del país, que comienza a superar el marco legal arbitrario heredado de la dictadura cívico-militar.

El Decreto 374/08 del 4 de agosto de 2008: incluye nuevas normas para la asignación de las frecuencias de radiodifusión comercial y establece los criterios de transparencia, igualdad de oportunidades en la competencia y apertura de los espacios institucionales de participación ciudadana para el espectro de radio y televisión analógica abierta.

De acuerdo con Gabriel Kaplún, profesor e investigador en comunicación en la Universidad de la República (UdelaR), en Montevideo, hasta principios de 2005, en el país no se habían desarrollado la radio y la televisión pública. Eran sectores a los que siempre se rechazaban por los recursos, con muy bajas audiencias y grandes problemas técnicos y de calidad.

La situación comenzó a cambiar en 2005 con la elección del gobierno progresista del presidente Tabaré Ramón Vázquez Rosas (2005/2009), cuando el país comienza a reformar su industria de las comunicaciones. A partir de ese momento, según Kaplún, hubo un paso importante para mejorar el sector público.

El gobierno del presidente José Alberto Mujica Cordano hace un esfuerzo especial en la televisión y la radio públicas, que empiezan a tener la audiencia que nunca tuvieron. Está llevándose a cabo en el país la elaboración de un documento que servirá como base para una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Para ello, se constituyó un Comité Técnico Asesor, presidido por Gabriel Kaplún y representantes del sector empresarial, de las universidades públicas y privadas, de la sociedad civil y del gobierno. La propuesta es poner en marcha un documento base para que se elabore un proyecto de ley con el objetivo de presentárselo al Parlamento.

La nueva ley, según Kaplún, además de reformar la radiodifusión en el país, que data de 1977, tendrá como objetivo satisfacer las necesidades no consideradas en el antiguo dispositivo y tratar de las nuevas situaciones surgidas a partir de la convergencia tecnológica.


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